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Acerca del Constitucionalista

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Santa Fe, Santa Fe, Argentina
Abogado con veleidades de constitucionalista y literato. Aprendiz de mucho, oficial de nada. Librepensador me educó mi padre... Mi CV aquí http://www.domingorondina.com.ar/1999/10/cv.html

Sigamos demoliendo el federalismo

Besos para esposa e hija
Que Dios proteja mi suelo
Ahorren sangre de venganza
Firmado: Manuel Dorrego

"Nos están federalizando los gastos y centralizando los recursos"
(Convencional Cristina Fernández de Kirchner,
Convención Nacional Reformadora de la Constitución, 1994)



Queremos humildemente participar del homenaje a Pedro Frías, quien en el siglo XX se convirtió en el nombre propio del Federalismo.
Y si bien nuestras palabras pueden sonar extrañas en este concierto, creemos que el maestro entendía que el federalismo debe ser replanteado para que el país que Dorrego y nuestro Brigadier López pensaron que debían construir. En ese orden de ideas se encaminaban muchas de sus últimas conferencias.
Y pretendemos que el presente, mucho más breve de lo que el tema merecería, sirva como disparador a la reflexión y a la polémica.
Venimos señalando hace largo tiempo que el sistema de Estado federal establecido en el artículo 1 de la Constitución Nacional ya no tiene sentido tal como fue diseñado.

MUERA LA SANTA FEDERACION
El federalismo argentino era un régimen de provincias relativamente autónomas, que conviven sin derecho de nulificación ni de secesión, aunadas en un grupo de instituciones nacionales, con división tripartita del poder distrital en Ejecutivo, Legislativo y Judicial propios, con áreas propias de decisión y con recursos propios.
Ello tenía razón de ser en un país de tanta extensión geográfica que, al combinarse con las limitaciones de las comunicaciones propias del siglo XIX, hacía imposible un control único, capitalino.
Y, si se imponía dicho control centralizado, sólo acarrearía más postergación a los territorios más alejados de la capital, por la lógica desconexión de los distritos.
Hoy, en el mundo sólo sobreviven una decena de estados federales como el nuestro. Si bien algunos estados que eran unitarios van implementando mecanismos de descentralización, nada tienen que ver con nuestro antiguo sistema federal.
Es que el avance de las comunicaciones, la posibilidad de una suerte de gobierno ‘on line’, la velocidad de los transportes, etc., aseguran un contacto inmediato entre cualesquiera dos puntos del país.
Además, el largo ejercicio del federalismo ‘a la argentina’, ha ido apolillando sus principios más esenciales.
Los recursos propios ya casi no existen, porque los impuestos directos más jugosos, que debían ser en exclusiva de las provincias, han sido secuestrados por la Nación (en algunos casos, hace más de 60 años como el impuesto a las ganancias).
Los gobernadores se han convertido en mendigos del tesoro nacional, dependientes de sus aportes y de las obras que a nivel central se aprueban. Sin que jamás se escuche de un gobernador en ejercicio una diatriba federalista. Peores que si fuesen delegados nombrados por un poder central, y más abyectos. Quienes intentan alguna independencia, algún reclamo, son convertidos rápidamente por la fuerza del pragmatismo unitario del Tesoro Nacional.
Quienes discuten la retracción de sus facultades sólo encuentran el camino judicial a través de la Corte (casos San Luis y Santa Fe) donde van surgiendo trabas de todo tipo, algunas provenientes de admisiones y renuncias propias en convenios de concertación.
La infantilidad política y la concentración presidencial de funciones, hace que los distritos menos afines al poder nacional se vean más postergados por tener un gobernador que si dependiesen de un presidente unitario.
Otra cosa, parece, sería si fuese el mismo Presidente quien tuviese que responder directamente ante los vecinos de cada Provincia.
El Ejecutivo Nacional ha crecido y los ejecutivos provinciales se empequeñecieron. El ‘enano macrocéfalo’ que describían en el siglo XIX, se ha ido convirtiendo en Gulliver zapateando en Lilliput.

VIVAN LOS SALVAJES UNITARIOS
El avance de las comunicaciones entre los centros de poder, las ciudades y las provincias hace cada vez más necesario regímenes únicos, nacionales.
O quizás, de algún modo, conducen hacia ellos.
Hay que volver a pensar en un régimen unitario, que bloquee la posibilidad de que lo prohibido en una provincia se permita en otra; o que aquello que se puede en una provincia no se pueda hacer en otra.
Pensemos en las normas de tránsito, en la educación, en los procedimientos judiciales, todas áreas que eran propias de las provincias y que hoy se regulan todas mediante leyes-convenios, nacionales con adhesión provincial.
Porque esto, lo que Pedro Frías bautizó ‘federalismo de concertación’, no es otra cosa que un paso previo a un unitarismo por consenso y necesidad de época.
Ese camino se empezó a transitar en la reforma constitucional de 1994 previendo mecanismos de regionalización, lo cual implica la institucionalización de la dilución de fronteras jurídicas provinciales.
Y las materias que no se resuelven por convenio en todo el territorio se vuelven dramáticas: no hay legislación que evite la bigamia de provincia a provincia, no se puede resolver los conflictos entre los Códigos de Faltas de las distintas provincias, ni se ha logrado implementar un registro nacional de adoptantes…
Y materias que eran claramente de competencia provincial, vehementemente reservadas a las Provincias (caso libertad de imprenta) van siendo avasalladas por la Nación por distintas vías, incluso haciendo una aplicación extensiva (sin ‘cláusula federal’ alguna) de los Tratados Internacionales.
También reconozcamos que se ha ido unitarizando al mismo ritmo el Poder Judicial: la extensión de los juzgados federales, y la inagotable extensión del Recurso Extraordinario Federal hacen que la instancia ante la Corte Nacional se haya convertido en una más dentro de cualquier proceso, con lo cual cada vez importa menos lo que las Cortes Provinciales dicen.
Al mismo tiempo, algunos souvenires de la época federal, se blanden como espadas innecesarias y totalmente antisistémicas: la Provincia de nacimiento o de residencia de los candidatos es ya casi el único recuerdo de un sistema federal caduco. ¡Qué pena! justo una norma que los verdaderos federales, los convencionales del 53, ni tenían en cuenta, y así vemos que quienes representaban a cada provincia lo eran por mandato y no por nacimiento en su territorio, e incluso representaban distintas provincias, simultánea o sucesivamente…
Pero a la hora de hacer jugar el derecho electoral sí se acuerdan del federalismo convertido en una mera referencia geográfica al lugar de nacimiento o residencia. Aunque justo es reconocer que cada vez más casos van horadando también este principio.
Ni hablar de la obra pública, que por razones de poderío económico, va volviéndose hiperconcentrada en la Nación, siendo los Gobernadores meros gestores de las necesidades de su zona, lo mismo que haría un delegado del Gobierno Nacional.
Es cierto, muchos de estos vicios tienen su origen en los gobiernos de facto, que hacían una aplicación unitaria del poder estatal, y que sembraron de normas nacionales los digestos provinciales.
Pero también muchos cambios constitucionales han acelerado la destrucción federal: la eliminación del Colegio Electoral; la elección popular y las minorías para los senadores provinciales que ya no responden al gobierno de la Provincia sino al blando concepto de pueblo de las mismas; los partidos nacionales y la sujeción de los sistemas electorales a las normas del Código Electoral Nacional; la centralización de los medios de comunicación; la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, entre otras, han hecho de la opción punzó una cáscara monda.
El avance de la normativa nacional, de las decisiones ejecutivas nacionales, y de la justicia federal, han vaciado de competencias a las provincias.
Baste ver qué leyes sancionan las provincias (digamos leyes y no normas, ya que el 90% no tienen efecto normativo general), baste ver qué decretos dictan sus gobernadores, o qué casos juzgan sus tribunales…
¿Alguien puede decir con honestidad que las decisiones de las Legislaturas están más cerca de las decisiones de un Estado-Parte en una Federación que de las ordenanzas de un Municipio?
Y, al mismo tiempo, el vaciamiento de funciones en cabeza de las Provincias, hace que éstas, deseosas de sobrevivir, o de mostrar alguna función, quiten a las Municipalidades tareas que le son propias, inmiscuyéndose en asuntos vecinales, de aldea; preocupadas más del alumbrado, el barrido y la limpieza que de la construcción de un proyecto de Nación inclusivo de todas las tierras.
Eso, sin entrar a analizar el incremento de gastos que significan las estructuras provinciales, gastos que -a la luz de sus resultados cívicos y sociales- ya no tienen justificación.
¿Es que a nadie le llama la atención que ya casi no haya intervenciones federales a las provincias? ¿No será que es mucho más sencillo y rápido sojuzgarlas mediante el ahogo financiero y jurídico? Los gobiernos locales son ‘llamados al orden’ por la Casa Rosada mediante mecanismos mucho más eficientes y veloces que el de descabezar sus autoridades.

PARTIDA DE DEFUNCIÓN FEDERAL
Hemos intentado describir la realidad de la praxis constitucional, primera balanza en la que debemos sopesar nuestro sistema.
No nos pregunten si está bien que así sea, que a esto hayamos llegado.
Sabemos que hay mucha emoción en el verdadero y más antiguo clásico de clásicos argentino: ‘Federales contra Unitarios’.
Nosotros lo único que hacemos es cumplir con nuestra conciencia de constitucionalista señalando la caducidad de un sistema víctima del progreso y de la pérdida de valores en los hombres de las provincias. Y creemos que es una triste realidad que hoy nos está trayendo más postergación que avances.
A todos nos corresponde pensar alternativas para dejar de vivir en la mentira.
Es hora de que nos planteemos un país para todos los argentinos, hecho por todos los argentinos, desde toda la rosa de sus vientos.




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Contra el Estado Nacional


Contra presidencialismo, parlamentarismo

El regreso del Congreso 


La asombrosa imaginación contrainstitucional de nuestros gobernantes ha dado lugar en Argentina a ciertas perplejidades constitucionales.
Cada época cree que es original, pero en verdad la situación actual no difiere mucho de los interrogantes que el menemismo planteaba a partir de 1993, basta consultar los diarios de aquel entonces…
Los audaces de hoy (en la nación, en las provincias, en los municipios) proponen candidatos ‘testimoniales’ que encabecen listas pero sin voluntad de asumir los cargos a que se postulan; adelantan o retrasan las elecciones según sus expectativas electorales; alegan que no estaremos eligiendo diputados ni concejales sino plebiscitando a los ejecutivos; y aseguran que el partido y sus principios no importa, sino la persona que mejor sale en los programas de televisión, o el que puede pagar su campaña, o el que mejor aparece en las encuestas.
La ‘sensación constitucional’ parece indicar que, tras el debate por las retenciones, el Congreso ha adquirido una importancia preponderante en el sistema.
Al mismo tiempo, la figura presidencial, se ve debilitada, producto del embate del Congreso y de los medios, de la personalidad de la presidenta, y del trabajo de zapa permanente por parte de su cónyuge y antecesor.
Entonces surgen voces que sostienen la necesidad de evolucionar hacia el parlamentarismo (sistema de división del poder con preeminencia del órgano Congreso). Son voces que proponen institucionalizar lo que advierten como realidad: el predominio del Parlamento.
En principio, todos los constitucionalistas serios vemos con simpatía el fortalecimiento del poder legislativo. Porque, como ya señalaba ‘El Federalista’, es más difícil que afecte la libertad un órgano colegiado, y en cambio es más fácil que cometa violaciones un órgano unipersonal.
Sin embargo, nadie puede negar que la tradición latinoamericana reclama una figura fuerte, caudillesca, con liderazgo. Claro que, no porque sea culturalmente más aceptado quiere decir que sea mejor.
En un punto intermedio, se ubicó la idea del Jefe de Gabinete que la reforma de 1994 instituyó. El problema es que, producto de las presiones y los seudoconsensos, diseñaron un Jefe débil, sin sacarle funciones al Presidente.
Y ahí vemos un camino: si pudiésemos reformular la figura del Jefe de Gabinete detrayéndole funciones al Presidente (reasignación de partidas presupuestarias, nombramientos de personal, designación de todo funcionario político por debajo de los ministros, etc.), y ese Jefe requiere para asumir la aprobación del Congreso, el cual puede también fácilmente destituirlo, podríamos estar en una versión más ‘parlamentaria’ del esquema institucional argentino.
No queremos dejar de señalar que -según nuestra convicción- el gran tema del constitucionalismo argentino en el siglo XXI debe ser la disolución del régimen federal y su reemplazo por un sistema de estado unitario. El federalismo tenía sentido en un país de amplia geografía cuando las comunicaciones eran muy lentas, y las realidades muy distintas. Hoy, el gobierno nacional, puede estar en 4 horas en el extremo más lejano de la capital, y decidir en vivo y en directo por medios electrónicos. Pero además la realidad muestra que las provincias han sido vaciadas de competencias y de recursos, con la complicidad de gobernadores cobardes, o más preocupados por espacios en el reparto nacional de poder que por sus provincias.
El federalismo era un sueño justo en un país con cabeza de gigante y cuerpo de enano. Hoy, las proporciones atrofiadas se mantienen, pero la realidad parece indicar que el sistema federal colabora más a mantener la atrofia que a resolverla.
Baste analizar las leyes que sancionan cada año las legislaturas, si es que uno no tiene vergüenza de llamar 'leyes' a un conjunto de productos legislativos que no contienen norma, sea pedidos de informe, declaraciones de interés, etc.
Y las que son norma, tratan de adhesiones a leyes nacionales o decisiones más de naturaleza comunal que propias de un estado autónomo provincial.
Nuestro federalismo está en crisis, tanto como el presidencialismo, y quizás por las mismas razones.
El sistema cruje, la realidad lo está resquebrajando, y hay que pensar en soluciones audaces y vertebrales.


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Esta nota fue publicada aquí por Diario El Litoral de Santa Fe.

más de Camilo José...





"Es grave confundir la anestesia con la esperanza;

también lo es, tomar el noble rábano de la paciencia
por las ruines hojas -lacias, ajadas, trémulas-
de la renunciación.

En este valle de lágrimas faltan dos cosas:
salud para rebelarse
y decencia para mantener la rebelión;
honestamente y sin reticencias,
con naturalidad y sin fingir extrañas tragedias,
sin caridad, sin escrúpulos, sin insomnios
(tal como los astros marchan
o los escarabajos se hacen el amor).
Todo lo demás es pacto y música de flauta.

No quiere decirse que el oro
sea menos verdad que la palabra,
y sí, tan sólo,
que la palabra de la verdad
no se escribe con oro,
sino con sangre
(o con mierda de moribundo,
o con leche de mujer,
o con lágrimas)."




(Camilo José Cela en "La Colmena")

NO COPARTICIPARAS

Limosna inconstitucional


Inconstitucionalidad del decreto que coparticipa las retenciones

Mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia 206/2009 la Presidenta de la Nación dispone incluir una porción de lo que el Gobierno Federal recauda en concepto de retenciones a la exportación de soja en un Fondo que repartirá entre las Provincias.
Dicha norma es nula de nulidad absoluta e insanable, por su oposición frontal con el texto de la Constitución Nacional.
Primero, porque va contra el inciso 3, párrafo 3, del artículo 99.
Segundo, porque va contra los incisos 1, 2 y 3 del artículo 75 y contra el artículo 4.
Veamos ambos problemas.

Los DNU
A raíz del abuso que el gobierno menemista hacía de los Decretos de Necesidad y Urgencia, y a la complaciente convalidación que de ellos hacía la Corte Suprema, los convencionales de 1994 resolvieron regularlos en el texto constitucional.
Así, si bien los permitieron sólo para casos excepcionales, expresamente los prohibieron para temas penales, tributarios, electorales o del régimen de los partidos políticos.
Las retenciones son impuestos, son los antiguos ‘derechos de importación y exportación’, como ya lo explicamos en otras notas, como lo prevé la Constitución en sus artículos 4, 17, 75-1, como lo enseñó la Corte en ‘La Virginia’, ‘Goodyear’, ‘Montarcé’, entre otros fallos.
Por lo tanto, aunque suene simpático coparticiparlas, ello no puede nunca ser dispuesto por un Decreto de Necesidad y Urgencia, porque la temática tributaria está expresamente vedada al Poder Ejecutivo.

Los Derechos Portuarios
Cuando las provincias del antiguo Virreynato logran unificarse, ponen como condición que los cuantiosos ingresos del puerto dejarían de ser de Buenos Aires, o de cualquier otra provincia con puerto, y pasarían a ser sólo del Estado Nacional.
Y por eso, establecen en el artículo que “el producto de derechos de importación y exportación” será ingreso exclusivo del Tesoro Nacional.
Y ya en el antiguo artículo 67 (hoy 75) se estableció en el primer inciso que no forman parte de la masa coparticipable los derechos portuarios.
Ello era para evitar que nos sigamos matando entre argentinos por saber qué Provincia se quedaba con los impuestos al tráfico internacional. No se los queda ninguna Provincia, son todos para la Nación.
Estando expresamente prohibido su reparto a las Provincias, es claramente inconstitucional que el Estado Nacional establezca un sistema por el que los Estados miembro reciban parte de los fondos surgidos del puerto.
Ello hace a la esencia y a la historia de nuestro sistema federal.
Queda así en claro que ni siquiera una ley del Congreso podría establecer un régimen de participación provincial en los ingresos aduaneros.

Conclusiones sobre la limosna
El “Federalismo de Concertación” es un concepto que venimos analizando los constitucionalistas hace ya muchos años. Y consiste en que, mediante nuevos acuerdos, los estados-parte y el nacional establezcan sus relaciones cotidianas.
En ese marco, la adhesión a normas nacionales es el mecanismo favorito.
Pero el decreto 206/09, por ser inconstitucional (nulo), no puede ser objeto de ninguna adhesión.
Ello, sin perjuicio de que señalemos lo contrario a cualquier idea de ‘concertación’ que es girar fondos a las Provincias limitando su uso a obras que fija la Nación.
Ello es convertir a los gobernadores en meros ejecutores de medidas nacionales, vaciando de contenido las instituciones provinciales.
Si los gobiernos provinciales adhieren a este insostenible decreto se verán triplemente burlados: coparticiparán el enojo agrario, recibirán dinero que no podrán usar de acuerdo a sus propias necesidades, y deberán devolver todo cuando -más temprano que tarde- la Corte declare inconstitucional dicha norma.
Vale entonces tener presente el viejo dicho que alerta: “cuando la limosna es grande, hasta el santo desconfía…”

Seguimos jugando con las fechas



El gobierno nacional, en otra de las demostraciones de menosprecio institucional, ha resuelto modificar su fecha de elecciones, que estaba fijada por una estricta ley.
Y nos parece una actitud poco republicana, en tanto lo republicano es sinónimo de sujeción a la ley, tanto por parte de los gobernados, como de los gobernantes.
Como adelantamos en anteriores notas, no nos parece incorrecto que el gobierno al que la ley le da potestad para fijar libremente la fecha de elecciones, opte por la que prefiere.
En el caso de la ‘Primera Convocatoria Electoral Santafesina’, criticábamos que siempre se privilegie el interés partidario, electoralmente mezquino, del gobierno de turno. Pero destacábamos que la ley autorizaba a que se eligiese cualquier fecha.
Criticábamos también el desdoblamiento, porque nos parece que esas duplicidades electorales siempre esconden maniobras de ‘birlibirloque’, y concepciones paternalistas de la ciudadanía.
Y hoy debemos decir que la decisión nacional de adelantar sus elecciones es una grosería institucional. Aunque no sea inconstitucional si el Congreso la aprueba.
Pero alguna vez debemos entender los argentinos que el primer compromiso de los gobernantes debería ser respetar las leyes. Y las leyes disponen para la generalidad de los casos.
Cada gobierno cree que merece una serie aparte de normas, por ese ánimo fundador tan propio de nuestra patria.
Y así vemos cómo el mismo gobierno que propuso una reforma al Código Electoral Nacional que limitaba estrictamente la fecha de convocatoria a elecciones, y la misma dirigente que defendió el proyecto, no tienen luego ningún empacho en decir que la van a desconocer.
Y nada resuelven diciendo que será ‘sólo por esta vez’. Al contrario. Si hay que volver a flexibilizar el régimen, debería ser para todos los casos. No podemos vivir construyendo normas ‘ad hoc’ porque eso es justamente la negación de la norma como regla general reguladora de todas las conductas.
Ahora le toca al Congreso, nuevamente en su rol de escribanía del ejecutivo, aprobar un proyecto que sólo apunta a custodiar mezquinos intereses partidarios.
Entonces, si no hay díscolos, votaremos diputados y senadores nacionales, el 28 de junio.
Días después del anuncio nacional, para mantener sus propias estrategias de pago chico, el gobierno provincial santafesino decidió la “Segunda Convocatoria Electoral Santafesina”, sin esperar siquiera el resultado de la decisión del Congreso.
Votaremos entonces en internas abiertas el 5 de julio y en elecciones generales provinciales el 6 de septiembre.
Sostuvimos la importancia de separar las internas abiertas de cualquier general, porque la esencia de dicha convocatoria no se condice con una decisión definitiva, le es imposible convivir con ella.
Pero todo este movimiento sólo nos demuestra la fragilidad de los consensos electorales en Argentina, y la utilidad de normas como la que ahora se prepara a excepcionar el Congreso.
Y nos muestra también que era cierto lo que comentábamos cuando la “Primera Convocatoria”: siempre que los políticos hablan de fechas están contando sus porotos sin importarles los intereses cívicos ni las instituciones.
Para ellos, es todo un juego, tal como quedó ahora al descubierto.
Binner cantó ‘truco’ adelantando sus elecciones para separarlas del efecto nacional, el contrincante federal cantó ‘retruco’ y volvió a moverlas. Ahora el socialismo quiere su ‘vale cuatro’.
En verdad, todo esto más parece un envido, por la vocación de ‘mentira’ que tienen los contendientes…


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